Mass media de titularidad pública y debate actual
Un modelo de televisión de titularidad pública deberá basarse en dos premisas básicas:
1. Constituirse en una herramienta adecuada para servir de mecanismo de comunicación entre los representantes y los representados del sistema político de su sociedad respectiva, ayudando a entender a los electores las decisiones tomadas por los electos (por el pueblo o una cámara), para que éstos puedan apoyarlas o censurarlas colaborando así a construir sus decisiones para posteriores procesos políticos (si en algún caso participa en otro tipo de proceso político aparte del electoral) en los que opte por tomar parte. Como media unidireccional tendrá primero que seleccionar los contenidos más adecuados, que realmente sean objeto de noticia, y una vez hecho esto, fomentar la imparcialidad y facilitar la comprensión de sus mensajes por parte de todo tipo de públicos, especialmente de aquellos que no tienen acceso a otros soportes de noticias.
2. Contar con un presupuesto de ingresos adecuado a la sociedad para la que trabaja, y moderar el gasto para no generar una deuda que sea posteriormente la soga de la propia organización. Si ha optado por prescindir de ingresos por publicidad, esto deberá ser un punto de especial atención.
Casi huelga a mencionar otras funciones como la transmisión de la cultura que por su bajo interés las televisiones comerciales no harán.
El ejemplo paradigmático de modelo de televisión pública racional, proporcionado y periodístico en el más amplio y bienintencionado sentido del adjetivo es la British Broadcasting Corporation; cualquiera puede llegar al Reino Unido y probar a sintonizar el canal 81 en la mayoría de los televisores, con lo que se encontrará viendo el canal Parlamentario que emite en directo y diferido sobre las dos cámaras del Parlamento, las 3 regionales y el Supranacional que compartimos. Mientras que en España podemos solazarnos con Teledeporte, y hemos podido gozar del nacimiento de una tendencia de televisión como han sido las relaciones de bragueta de gente más o menos desconocida, que tuvo su alborada en la “Tómbola” nacida en Canal Nueve para después reproducirse en Telemadrid dados sus éxitos de audiencia.
A modo de conclusión, y tras el debate opinativo suscitado las pasadas semanas por la decisión del Presidente de la Generalidad valenciana de cerrar Canal Nueve, hemos constatado como el citado canal ni servía como herramienta para la rendición de cuentas en su ámbito político de la respectiva comunidad autónoma (su mayor función era la propagandística con inverosímiles noticiarios y una programación al servicio del partido político de turno en el poder, como confirmaron los propios trabajadores solo una vez que el apagón era inminente e inevitable), y tenía, como se puede comprobar en las cifras, un gasto desproporcionado en cualquier etapa, y a más a más, inapropiado para nuestros tiempos de gestión de la escasez. Por ello, cualquier canal de titularidad pública que no sirva ni como herramienta de rendición de cuentas ni tenga un gasto proporcionado de recursos, y especialmente si se ha enconado en una serie de problemáticas organizativas de difícil solución, lo mejor que se podrá hacer con él, es ofrecer una última emisión a modo de resumen para nostálgicos y cerrar, como se hizo en la República Helénica hace escasos meses.
Liquidada por agotamiento
El caso de RTVV ha sido la crónica de una muerte anunciada. El seguimiento del manual, punto por punto, de la utilización de un medio de información público por y para un partido político. Durante 18 años de mandato popular en la Comunidad Valenciana hemos acudido a una relación inversamente proporcional entre las variables audiencia y deuda. Mientras la deuda se disparaba, gracias a las contrataciones a dedo y la adjudicación arbitraria de jugosos contratos para empresas afines, Gürtel entre otros, la audiencia iba cayendo sin freno debido a la manipulación informativa y al ostracismo en que habían quedado amplios sectores de la sociedad civil y política.
Con una deuda de 1200 millones de euros y una plantilla de 1600 trabajadores, tras la anulación del ERE por parte del TSJCV, el Consell decidió que tenía que liquidar el ente. Tras muchas protestas y una sociedad valenciana unida contra el cierre, finalmente el día 27 se produjo el fundido a negro de RTVV.
Son básicamente económicos y de priorización del gasto público para sectores fundamentales (sanidad y educación) los aducidos por el President Fabra para justificar la decisión, lo cual no deja de ser curioso si hacemos memoria de a qué se han dedicado grandes cantidades en los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana (Fórmula 1, America’s Cup, Ciudad de las Artes, etc.)
Sin duda el modelo de televisión de partido ya no resultaba rentable electoralmente al PP, dado que la media de audiencia estaba en el 3%. Pero desde que se anunciase el cierre inminente y, con la toma de la línea informativa por parte de los trabajadores, se recuperaron niveles de audiencia superiores al 10%. La RTVV había pasado del patrimonialismo político a su papel de servicio público que jamás debería haber perdido. Los dirigentes de turno deberían comprender que los ciudadanos queremos una televisión pública de calidad, fiable y que haga de nuestra sociedad un lugar más crítico y mejor informado.
En este caso, además, RTVV supone un canal de promoción indispensable de la cultura y lengua propias del territorio valenciano, siendo este el único medio de difusión de las mismas en todo el Estado.
En conclusión, otro modelo de gestión de las radios y televisiones públicas, como ya vimos en la anterior etapa de RTVE, en la que se le galardonó con el premio a mejor informativo del mundo durante dos años consecutivos, es posible. Lejos del control de los partidos políticos que en demasiadas ocasiones conciben un servicio público como este con un instrumento propagandístico a cargo del erario público.
El cierre de RTVV: un ataque al autogobierno del pueblo valenciano desde dentro
Partimos del hecho de que los medios de comunicación son claves para la democracia y el ejercicio de los derechos fundamentales, sin éstos la libertad de expresión y el derecho a recibir información son inexistentes.
En segundo lugar, es necesario una televisión pública puesto que es la única que garantiza programación de servicio público, las empresas del sector audiovisual privadas no ofrecen este tipo de programación porque no genera beneficio. ¿Es necesaria una televisión autonómica? Sí, nuestro país dispone de regiones con una riqueza cultural y lingüística que las diferencia unas de otras, para el pueblo valenciano Canal9 supuso la visualización del autogobierno y un medio para articular y vertebrar el territorio, además de ser el instrumento que ha permitido la protección y difusión del valenciano como lengua cooficial, objetivos que las cadenas privadas no pueden cumplir.
Se han aducido motivos económicos para proceder al cierre de Canal9 pero lo que caracteriza un servicio público es la rentabilidad social, siendo necesario valorar y decidir qué forma parte del servicio público, no forma parte de éste la compra de derechos de fútbol, ni la emisión de programación de bajo perfil como Tómbola (en castellano), ni el ser una oficina de empleo donde contratar a personal sin pruebas que garantizaran los principios constitucionales de mérito y capacidad.
Otro de las premisas que debe cumplir un servicio público es la de imparcialidad, que se consigue no admitiendo ninguna injerencia por parte de los poderes políticos, una televisión pública deber ser ideológicamente neutral y dar cabida a todos los sectores de la sociedad, por tanto, no debe permitirse bajo ningún concepto la manipulación ni las coacciones a trabajadores que denuncien los excesos cometidos.
Desde el punto de vista social, el cierre de Canal9 ha herido la identidad del pueblo valenciano, que ha supuesto un ataque a los derechos lingüísticos y constitucionales de los valencianos. Desde el punto de vista político el cierre se ha gestionado catastróficamente, de forma unilateral, sin consenso, comunicándose primero a otros medios, con reuniones secretas, procedimientos sumarísimos, falta de transparencia, con intención de cortar la emisión sin que nadie se enterara, sin que los trabajadores pudieran despedirse de la audiencia y todo como reacción a la anulación por parte del TSJCV del ERE llevado a cabo por el Consell.
Políticamente nadie ha asumido responsabilidades derivándose ésta a sindicatos (representantes de los trabajadores) y a partidos políticos de la oposición cuando el Consell es el máximo responsable de la Administración Autonómica, de la que canal9 era parte, y quien ponía y quitaba directores, silenciando a la oposición y premiando con ascensos a quienes hacían de censores. Judicialmente, quedan muchos flecos abiertos como determinar las responsabilidades patrimoniales, y si se ha seguido la legalidad en el procedimiento, tanto en la forma como en el fondo o qué sucederá si el cierre es recurrido y anulado. El final de RTVV todavía no está escrito.
¿Por qué los medios de comunicación públicos son importantes para la democracia?
Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la democracia que es el de ejercer como un actor político importante que tiene que ayudar a crear una masa crítica en la ciudadanía para el establecimiento de una democracia deliberativa que complemente a la representativa, ofreciendo una realidad social del entorno que ayude en la participación y deliberación de los ciudadanos pero también ayudando a los gobiernos a tomar la mejor decisión a partir de una visión real de la situación.
Sin embargo, los medios de comunicación privados por su dependencia mercantilista hacen uso de las espectacularidades y escándalos gratuitos para atraer a su audiencia y satisfacer los intereses de sus anunciantes, alterando la realidad de la sociedad actual.
Por ello es fundamental la existencia de medios de comunicación públicos para ejercer ese papel, ya que, al depender más de la financiación pública, no están sujetos al mercado pero deben ser dotados de una serie de garantías que les permitan actuar con independencia de los gobiernos de turno, como una mayor participación de los trabajadores del medio en la dirección y que el Presidente del medio sea elegido por consenso entre profesionales del medio.
La importancia de los medios de comunicación en las democracias modernas
Resulta complicado resumir en la brevedad de quinientas palabras la dinámica, multiforme y plurívoca relación entre los medios de comunicación y las democracias modernas. Siguiendo a Goede podemos definir a los medios como “los canales de comunicación a través de los cuales noticias, entretenimiento, educación, datos o mensajes publicitarios son diseminados entre el público”. Las principales funciones de los medios son: informar a los ciudadanos, criticar situaciones y acontecimientos en la sociedad, expresar opiniones y permitir a otros expresar las suyas en diferentes materias, entretener, educar a los ciudadanos y hacer negocio con la explotación comercial del propio medio. Pudiendo ser conflictivas entre sí las diferentes funciones enumeradas (Goede, 2010, p. 115)
Muchos son los autores que consideran que los medios juegan un papel fundamental tanto como vigilantes de la esfera pública definida por Habermas como dentro del mecanismo de pesos y contrapesos del sistema político. En 1975 Kevin Philips introdujo el concepto de mediacracia para describir el hecho de que en una sociedad democrática aquellos que controlan a los medios controlan indirectamente a la sociedad erigiéndose como un actor, más o menos colectivo en función de la pluralidad del panorama mediático a considerar, de trascendental importancia en el gobierno del Estado ya que los políticos suelen prestar atención a determinados asuntos y establecer sus agendas y prioridades más en función de la cobertura mediática que del sentido común, la ideología o la racionalidad. Así, si los medios están en manos de corporaciones o son financiados por ellas, las corporaciones poseen un formidable mecanismo de influencia en el sistema.
Si nos centramos en el caso español, González y Olmeda sitúan al modelo de relaciones entre medios y política en España dentro del denominadopluralismo polarizado o mediterráneo cuyas características son:
- Escaso desarrollo histórico del mercado periodístico reforzado por la ausencia de libertad de prensa durante la dictadura lo que tiene como consecuencia una prensa dirigida fundamentalmente por las élites.
- Altos niveles de paralelismo político siendo éste entendido como la relación establecida entre periodistas y clase política convirtiendo en muchos casos a los medios como el referente ideológico del partido afín, sin pluralismo interno y completamente predecibles en su cobertura y línea editorial.
- Escasa profesionalidad y autonomía de los periodistas debido a la debilidad de las normas deontológicas profesionales y a la parcialidad y carencia de poder real de las asociaciones profesionales.
- Intervención del Estado mediante la AGE y las CCAA en los medios tanto de forma directa en el caso de propiedad de cadenas públicas y la Agencia EFE proveedora de información a otros medios, como de forma indirecta mediante el reparto del espectro radiofónico y la concesión de licencias audiovisuales.
Como consecuencia práctica de este modelo apreciamos el predominio de la cobertura negativa, es decir, una escasa proporción de notas favorables a alguno de los actores en relación a las desfavorables, tendiendo los medios a ser críticos solo con los antagonistas viéndose, al tiempo, diluida su función de control al darse por descontados los ataques al adversario en lugar de la argumentación y debate lo que contribuye a definir el escenario de polarización mediática del caso español. (González & Olmeda, 2012)
Bibliografía
Goede, M., 2010. Media, Democracy and Governance. In: J. i. ’. V. Roeland, ed. Knowledge Democracy. Heidelberg: Springer, pp. 112-124.
González, J. J. & Olmeda, J. A., 2012. El sistema mediático en tiempos de Rodríguez Zapatero: un bucle melancólico. In: C. Colino & R. Cotarelo, eds.España en Crisis. Balance de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. Valencia: TIRANT HUMANIDADES, pp. 311-330.
Roeland, J. i. ’. V., 2010. Knowledge Democracy. Heidelberg: Springer.
Medios políticos y política mediática
por Santiago Fernández
Decía el profesor Pablo Iglesias hace poco más de un año que “la gente cree que se limita en los partidos o en los colectivos políticos, y no es verdad: la gente milita en los medios de comunicación” [1]. Planteaba así que, en los últimos tiempos, parece haberse dado una redirección en la construcción de los discursos políticos que ha dado como resultado el paso de la militancia en organizaciones políticas a la militancia mediática. A estas alturas, a nadie se le escapa que los meetings y conferencias políticas ya no consiguen atraer la audiencia que hoy puede conseguir un programa de radio o televisión. Como consecuencia, el discurso político elaborado desde éste se proyecta hacia una audiencia potencial frente a la que poco pueden hacer los asesores políticos. Pero existen otros motivos por los que el apego político a los medios de comunicación es mucho mayor que a las organizaciones políticas.
En primer lugar, los medios de comunicación son empresas con una estructura, un funcionamiento y unos intereses idénticos a los de cualquier otra empresa dedicada a la producción y venta de bienes de consumo. Como tal, necesita obtener unos beneficios con los que poder seguir adelante. Pero al manejar un bien público tan importante como es la información la cosa se complica, pues es difícil ver con nitidez la línea que separa la libertad de prensa de la libertad de empresa. Se ha de dar información veraz y contrastada, pero el contenido debe ir dentro de una forma que continúe permitiendo sostener una audiencia determinada. Un hecho se puede relatar de diferentes maneras, porque lo que se quiere es que su audiencia siga siendo fiel, ¿no recuerda esto un poco a la fidelidad electoral? Además, tanto los partidos políticos como las grandes empresas de comunicación mantienen importantes líneas de financiación y crédito con grandes corporaciones bancarias. Producir unos bienes de consumo que sean contraproducentes a los intereses de los acreedores tampoco es, como se sabe, beneficioso para una empresa. Por tanto, nos hallamos ante una pregunta que, trescientos años después de la edición de los primeros diarios en Londres, sigue sin respuesta ¿es más democrática la información si se encuentra mercantilizada?
En segundo lugar, desde los años 30 –cuando la significación política, como ha dejado claro Santos Juliá [2], era algo explícito en toda la intelectualidad política española–, el apoliticismo ha sido un recurso muy extendido entre la ciudadanía española como forma de desentenderse de las luchas políticas tradicionales (lucha de clases, identitarias, de género, etc.). Durante el franquismo, hacer la política contra los principios del régimen no sólo estaba explícitamente prohibida por la ley de fueros, sino que la propia política oficial del régimen fue disfrazada de apoliticismo empezando por el propio jefe de Estado –“haga usted como yo y no se meta en política”–. La cultura de la transición dibujó una idea de la democracia como un fin en lugar de cómo un medio, algo parecido a un artefacto político que funcionaría bien per sé y del que no habría de preocuparse mucho por su mantenimiento una vez estuviese puesto en pié. Esto permitió que el proceso de apoliticismo continuase tras la pausa de los años setenta, identificándose lo político con los políticos –los cuales, y esto es importante, han ido bajando sin cesar en el ranking de instituciones con mayor apoyo elaborado por el CIS–. De este modo y salvo una breve excepción durante los años setenta, la política ha estado prohibida durante cuarenta años y desaconsejada durante otros cuarenta. El resultado es que quienes se han dedicado a la actividad política han sabido perfectamente aplicar la máxima de Zlavoj Zizek (aquella que dice que no hay mejor operación política que hacer que algo parezca a político). En este contexto, los grandes medios de comunicación han ido tomando posiciones desde la que elaborar unos discursos políticos vestidos de apoliticismo y “sentido común”, un traje por el que no pocos ciudadanos comunes se han sentido atraídos al sentirse identificados en su “política apolítica”. El resultado es que uno cree ser apolítico por consumir determinados productos mediáticos que no son menos políticos por el mero hecho de no reconocerse como tales.
Mercantilización de la información y política del apoliticismo son solamente dos de las muchas razones que ayudan a entender el fenómeno de la militancia mediática en nuestro país. Sin embargo, son los profesionales del periodismo, la información y la comunicación quienes en mejor situación se encuentran para poder entender este fenómeno y explicarlo también a la ciudadanía para así, entre todos, formar un pensamiento crítico que nos indique más o menos y en medio de tanta perplejidad, dónde nos encontramos y poder tomar referencias. Porque al igual que economistas y politólogos tienen la obligación de intentar explicar qué está pasando en estos tiempos de crisis perpetua, también lo están los periodistas.
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[1]
http://www.youtube.com/watch?v=ddxvO6kVMwQ
[2] Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Taurus, Madrid, 2005
